martes, 30 de septiembre de 2014

30S, UN CONJUNTO DE HECHOS CON UN SOLO OBJETIVO


Juan Pablo Bolaños falleció a causa de una hemorragia aguda interna por daños en la tráquea, pulmón e hígado. El joven universitario recibió dos impactos de proyectiles, mientras participaba en la marcha en apoyo al régimen democrático, la noche del 30 de septiembre del 2010 (30S).
Las investigaciones de Fiscalía sobre este hecho que ocurrió en la avenida Mariana de Jesús, norte de Quito, evidenciaron que el teniente de Policía, Francisco Guzmán, fue el responsable de esos disparos.
Con esas pruebas, el I Tribunal de Garantías Penales de Pichincha lo sentenció a seis años de reclusión mayor ordinaria por homicidio simple. Además dispuso el pago de una indemnización de 30.000 dólares a la familia de Bolaños.
Así como Guzmán, otras 108 personas fueron sentenciadas, mediante 22 fallos, hasta el 19 de septiembre del 2014 por los hechos ocurridos el 30S. Además, 54 causas están activas.
Para alcanzar estos resultados, la Fiscalía emprendió una serie de acciones. Entre las más importantes están las asistencias penales internacionales con Colombia y Perú. Con esta cooperación se analizaron evidencias que permiten sustentar diferentes procesos.
También se capacitó a  fiscales, mediante cuatro talleres, para unificar las líneas de investigación, coordinar recursos, evaluar y encontrar salidas a nudos críticos.
Con este trabajo se obtuvieron suficientes elementos de convicción como pericias, videos y fotografías captados durante el día de la revuelta policial en Quito y en otras ciudades.
Asimismo se recopilaron 29 partes policiales e informes de la Inspectoría General de la Policía Nacional, versiones y evidencias como restos de proyectiles obtenidos, por ejemplo, tras la  exhumación del cadáver del soldado Jacinto Cortez, en Santo Domingo de los Tsáchilas.
En el caso por la muerte de Juan Pablo Bolaños, por ejemplo, se hicieron el cotejamiento y análisis microscópicos de las dos balas extraídas del cuerpo de la víctima. También se hicieron pericias sobre el arma de dotación de Guzmán.
Luego se hicieron las pericias para determinar el arma con la que se hicieron los disparos. Seis peritos de Criminalística, por unanimidad, concluyeron que se trataba de una de las armas que se entregan a los policías para operativos especiales.
Al revisar el registro del rastrillo se determinó que, el 30 de septiembre del 2010, el arma fue asignada a Guzmán. Este la tuvo en su poder hasta el 8 de octubre.
Otro caso que llegó a sentencia es por lo que ocurrió el 30S en la Asamblea Nacional. Su responsabilidad es salvaguardar la integridad de los asambleístas, pero ese día, junto con el personal policial del Regimiento Quito 2, integrantes de la Escolta Legislativa agredieron física y verbalmente a los legisladores e impidieron el paso.
El entonces jefe de la Escolta Legislativa, Rolando Tapia, fue sentenciado por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha a tres años de prisión como autor de atentado contra la seguridad interior del Estado.
Otros dos uniformados recibieron 18 meses de prisión por considerarlos cómplices. A tres más, como encubridores, recibieron nueve meses de prisión. Las sentencias se encuentran ejecutoriadas.
Por las protestas que ocurrieron en el Regimiento Quito 1, centro de la capital, 10 personas recibieron diferentes penas. La Corte Nacional de Justicia ejecutorió la sentencia por rebelión, el 30 de abril del 2014.
Entre las causas que ya tienen sentencia y las que se encuentran activas están por delitos como tentativa de magnicidio, rebelión, atentado contra la seguridad interior del Estado, sedición, paralización de servicios públicos, entre otros.

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#EspecialesFGE #30S (Fiscalia General del Estado)


Fotos: Fuente El Telégrafo.








No se trató de hechos aislados
El fiscal General, Galo Chiriboga, considera que cada hecho que ocurrió el 30 de septiembre del 2010 en Ecuador no fue aislado. “Todos apuntaron a su solo macro objetivo: desestabilizar el régimen democrático en el país”.
A esa conjetura conducen todas las investigaciones de la Fiscalía sobre esos hechos. Por eso el Fiscal General insiste que por eso debieron ser investigados en un solo proceso grande a escala nacional.
Pero al iniciar la actual administración de la Fiscalía, en julio del 2011, se encontró con una dispersión de procesos, ya que se habían abierto causas por cada hecho en forma asilada.
Incluso en algunas provincias se trataron por delitos menores o intermedios. En la provincia de Bolívar, por ejemplo, a un policía que participó en la sublevación del 30S se le acusó por desfile no autorizado. También se abrieron procesos por obstaculizar las vías.
Chiriboga Zambrano insiste que se trató de “un accionar nacional que estuvo en varios escenarios de Quito y de las diferentes provincias. La gente no paralizó los servicios públicos por el afán perverso de paralizarlos. Lo hizo con el propósito de crear en la sociedad una situación de desasosiego y angustia”. Aún más que ese día la ciudadanía quedó en la indefensión por la revuelta policial.
Ese día hubo tomas de bienes estratégicos como la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Esto, por ejemplo, “para aislar al país de cualquier contacto con el exterior”.
También se tomaron el Regimiento de Policía Quito 1, Asamblea Nacional y canal Ecuador TV.
En las provincias ocurrió lo mismo con los edificios de las gobernaciones, los comandos provinciales y se bloquearon vías estratégicas. Se cerró el paso con camiones para evitar el avance de los blindados militares que se movilizaban desde la Brigada Militar Galápagos hacia Quito para rescatar al Presidente de la República.

Nuevas indagaciones
Ocho causas fueron reabiertas luego de analizar indagaciones importantes que habían sido desestimadas y archivadas provisionalmente. Estos procesos están en El Oro, Carchi, Imbabura, Loja, Pastaza, Morona Santiago y Manabí.
La Fiscalía considera que estas causas fueron inadecuadamente cerradas. Por esto además se prepara un informe que enviará al Consejo de la Judicatura para determinar las responsabilidades administrativas de los fiscales  que  conocían estas causas.
La actual administración de la Fiscal también reabrió el proceso para investigar a los funcionarios públicos que no evitaron la pérdida de evidencias en el sector aledaño al Hospital de la Policía.
La zona debió ser acordonada apenas se evacuó al presidente Rafael Correa. Esto para garantizar la permanencia de las evidencias y de eso eran responsables el entonces Fiscal Provincial de Pichincha y los fiscales de turno, así como la Policía Judicial.
Pero nada de eso ocurrió. Más bien entre la noche del 30 de septiembre y la madruga del 1 de octubre del 2010, obreros de la Empresa Metropolitana de Aseo baldearon el lugar. Con eso se perdieron todos los vestigios de lo ocurrido el 30S.
De allí que se formuló cargos contra Víctor C., coronel de estado mayor de la Policía. En ese entonces se desempeñaba como Jefe de la Policía Judicial de Pichincha. Se lo procesa por alteración y pérdida de evidencias.
Asimismo se iniciaron otras nueve indagaciones a partir del  2014. Esto debido a que aparecieron hechos que no se conocían y que merecen ser investigados. 
El punto de partida fueron los 29 partes policiales  e informes de inteligencia realizados por la Inspectoría General de la Policía Nacional. Estos fueron remitidos a las fiscalías provinciales para que sirvan de fundamento para los nuevos procesos.
Pero la indagación más importante será con base a la hipótesis de que la revuelta policial tenía como gran objetivo la desestabilización democrática. Además que eso implica que hubo mentalizadores, que deberán ser procesados. Así lo precisó el Fiscal General, luego de tres años de impulsar las investigaciones para evitar que lo ocurrido el 30 de septiembre del 2010 quede en la impunidad.

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