Expertos ponen la
mirada en la Función Judicial, que ha recibido un llamado de atención del
presidente y goza de poca confianza entre la ciudadanía.
Militares ya están
en las calles de Guayaquil y otras provincias del país donde la criminalidad ha
escalado considerablemente, ¿pero es suficiente la declaratoria de estado de
excepción para frenar a la delincuencia?
Expertos en
seguridad consultados consideran necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas a la
Policía Nacional, pero dicen que aún se puede
y se debe hacer mucho más que lo anunciado por el presidente Guillermo
Lasso el pasado 18 de octubre, desde cuando rige el plazo de 60 días del estado
de excepción.
Guayaquil, la
capital económica de Ecuador, siempre convivió con la inseguridad, pero ahora
vive un año particularmente violento.
Según los datos del
Ministerio de Gobierno, Guayaquil registró 329 homicidios intencionales en todo
el 2020, y hasta septiembre de 2021 ya tenía 591.
El 19 de octubre,
Pablo Arosemena, el gobernador de Guayas, la provincia cuya capital es
Guayaquil, dijo que la ciudad estaba experimentando "lo que Colombia vivía
en los años 80 y 90".
Doce días antes la
alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, había sugerido la portación de armas
para los civiles "porque ahora los delincuentes se acercan a tu carro, te
apuntan con un revolver porque saben que tú estás desarmado".
El estado de
excepción firmado por el presidente Lasso tuvo como aspecto más visible para
los guayaquileños la presencia en algunas de sus calles de efectivos de las
fuerzas armadas con sus uniformes verdes de camuflaje en una ciudad que se
caracteriza más por su cemento que por sus árboles.
Desde esta lógica,
dice el estudio, luce razonable enviar militares a las calles para respaldar la
labor de la policía, pero esto"podría gatillar una carrera armamentística
y tecnológica con los grupos del crimen organizado en una relación asimétrica,
ya que el Estado tiene serias limitaciones económicas".
Fuente: BBC-El Universo.
