He querido hacer una pausa para reflexionar sobre los
retos y oportunidades para lograr sociedades justas, pacíficas e inclusivas en
nuestro amado Ecuador, en el marco del Objetivos de Desarrollo Sustentable
(ODS) 16 de la Agenda 2030. Cuando, al parecer, estamos superando la pandemia y
avanzando hacia la recuperación socioeconómica, gracias a la exitosa campaña de
vacunación, nos enfrentamos a una nueva amenaza: la del crimen organizado y la
violencia.
Tomar en cuenta siempre a los derechos humanos permite
una sociedad más justa y pacífica, incluso en épocas turbulentas.
El incremento de homicidios intencionales en 2022 se
estima en 86.6 puntos porcentuales, en comparación al 2021. Se ha registrado,
también, un crecimiento histórico en la tasa de femicidios de 33 puntos
porcentuales, más alto que el promedio de América Latina y el Caribe. El número
de homicidios intencionales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes se
incrementó en 2022, duplicándose y triplicándose incluso, dependiendo del rango
de edad. La crisis penitenciaria ha cobrado 400 vidas entre 2021 y 2022, y los
medios reportaron 145 explosiones solo en 2022.
Más allá de estas cifras, el aumento de la
delincuencia y la violencia está teniendo un profundo impacto en la sociedad,
en las comunidades locales y en las personas, especialmente en provincias
costeras. La actividad económica está siendo amenazada por la extorsión y los
ingresos están disminuyendo debido al miedo y a los toques de queda. El acceso
a la educación se ha complicado por la inseguridad alrededor de las instituciones
educativas. Los niños y jóvenes están en mayor riesgo frente al reclutamiento
para actividades ilícitas, particularmente en aquellas zonas afectadas por la
pobreza y la falta de oportunidades.
A pesar de los desafíos, hay señales positivas.
Desde ONU Ecuador reconocemos los esfuerzos para fortalecer el tejido social, reducir las desigualdades, y fortalecer las instituciones. Para el 2023 está prevista una inversión social de más de 15 mil millones de dólares, además está en marcha el proceso de regularización migratoria para personas venezolanas y se creó el nuevo Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Nuestro trabajo ha apoyado la creación de la nueva Política Pública de Rehabilitación Social, de la nueva legislación sobre el uso de la fuerza y en los diálogos con las organizaciones indígenas.
Las soluciones duraderas solo podrán ser construidas a
través de alianzas.
Las nuevas autoridades locales deberán poner a las personas y a las comunidades en el centro de su trabajo. Los medios de comunicación pueden generar conciencia sobre cuestiones de derechos humanos y empoderar a las personas. La comunidad internacional puede apoyar con mejores prácticas, asistencia técnica y financiera, y el involucramiento constructivo con los mecanismos internacionales de derechos humanos. Las personas defensoras de derechos humanos, especialmente a nivel comunitario, pueden continuar documentando y levantando la voz frente a posibles vulneraciones.
Las respuestas a las mayores crisis actuales nacen en
la garantía de los derechos humanos, a través de instituciones sólidas,
eficaces y responsables, como lo plantea la Agenda 2030 para el Objetivo de
Desarrollo Sostenible ODS 16. Y cuando enfrentemos juntos las dificultades
propias de la construcción de la paz y el desarrollo, siempre volvamos a la
Declaración Universal de Derechos Humanos para inspirarnos en el camino hacia
un país más justo, igualitario, pacífico e inclusivo, sin dejar a nadie atrás.
Fuente: GK-Ecuador
Lena Savelli-
Abogada
de derechos humanos. Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Ecuador.
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